eltaparrabocanario.

Germán Ramos Ramos
El pueblo canario, usted o yo, somos gente tranquila, conformista y solidaria. Así se ha demostrado a lo largo de los siglos, pero no somos tontos, y también lo hemos demostrado en toda época, en las boyantes y en las de necesidad. Cuando el fascista dictador de Francisco Franco nos metió en una guerra intestina dentro de un sistema político que atrasó a su país, España, cuarenta años, así se demostró posteriormente, los canarios tuvimos la necesidad de emigrar a buscaros la vida fuera de nuestras fronteras.

Y lo hicimos tanto que fuimos muy bien valorados por ahí afuera, tanto en Europa como en América. Creamos estilo, forma de vivir y de estar en este planeta. Lo hicimos sin arrogancia y sin apoyo, es más, decir que aunque canario, pertenecías a España por decreto de las armas, se convertía en una rémora. Se perdonaba porque con el comportamiento demostrabas que estabas muy lejos de la mentalidad abusadora de tus conquistadores.

50 años más tarde, la historia ha vuelto a colocarnos en un brete; ahora los gobernantes más cercanos ideológicamente a aquel enano “hijoputa” vienen a comprometer el desarrollo armónico de una sociedad, la canaria, que ha ganado en conocimiento y experiencia. Para ello han utilizado a un traidor político que es José Manuel Soria López. Su padre no era de aquí aunque si su madre, y este muchacho es sin duda el peor enemigo de esta tierra, porque utilizando un sistema democrático absolutamente corrupto y arrogándose la representación y el sentir del pueblo canario, ha ido a Madrid a regalar lo que a todos nos corresponde, nos pertenece y que tenemos obligación de cuidar para que las próximas generaciones de canarios puedan disfrutar.

Ese regalo con la excusa de los votos obtenidos en un sistema político corrupto (como antes menté), no es cualquier cosa. Es la tranquilidad de todas y todos los canarios, es la protección de más de 5.000 especies marinas (aquí si hay de verdad 5.000 especies, no la mentira de 5.000 puestos de trabajo), es la de poder seguir manteniendo la preferencia de millones de turistas por elegir nuestras islas para pasar sus vacaciones, es conseguir el agua como desalada para poder subsistiendo, es poder sencillamente utilizar nuestras playas para bañarnos y curarnos, es poder ir de pesca, es…

Por todo ello y aunque nos duela reconocer que el ministro canario Soria nos ha complicado el futuro, el nuestro y el de nuestras próximas generaciones, como el hijo medio "trasto" que regala lo que es de la familia para quedar bien con sus nuevos amigos. No nos queda otro camino que reaccionar, que actuar y decir aquello: ¡Eh! ¿A donde va usted? ¿Con qué permiso? ¡Saque esos barcos de aquí o le corro a cachorrazos! A los nuevos aprendices de Francisco Franco, recordarles que aquel tuvo mucha suerte (era otro tiempo), y que en Canarias esa historia me da que no se va a volver a repetir. Por lo pronto hay manifestaciones convocadas para el próximo sábado en toda Canarias y acudir más que un deseo, es una obligación.

Germán Ramos Ramos
Si el eslogan que están utilizando desde el grupo de gobierno de Telde, viene a decir que “Telde Avanza”, la verdad es que con la información más pegada a la realidad, también sería oportuno decir aquello de que “Jinámar no camina”. Este populoso barrio que depende de dos municipios, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, y que alberga unos 25.000 habitantes, ha sido durante mucho tiempo la cenicienta en cuanto a apoyos institucionales se refiere después de que el Gobierno de Canarias decidiera a petición del antiguo grupo de gobierno de Telde, abandonarlo a su suerte eliminando la Gerencia de áreas infradotadas y a su gerente.

Ahí quedó un edificio que apenas se utiliza y que se cae a pedazos. Un servicio de vigilancia y mantenimiento que hace lo que puede por mantenerlo en pie y unos servicios sociales que andan divorciados de los colectivos que se dedican altruistamente a ayudar a los vecinos más necesitados (que son muchos). Un sorprendente distanciamiento que perjudica gravemente a más de la mitad de la población sin recursos para tener un digno plato de comida con que saciar su hambre física.

A todo esto, el grupo de gobierno de Telde instala una delegación en el antiguo edificio de la Gerencia y pone al frente de la misma a un concejal, AgustÃn Pérez del Rosario, que en los pocos meses que lleva en el gobierno ya se ha destacado por sus muchas mentiras. La primera el no acudir a su delegación a atender a los vecinos, pues tiene marcado unos días a la semana para atenderlos y quien suscribe, ha tenido la desagradable oportunidad de comprobar la denuncia de vecinos y colectivos; sencillamente no está. A esto hay que añadir un rosario de "perlas" como puede ser la de prometer una simple manguera para el riego de jardines que nunca llega o el clamoroso abandono de la joya de la corona en jardines como es el Parque de las Mil Palmeras, la Casa de la Condesa, la propia Gerencia de Jinámar, o la reutilización de los locales que él mismo solicitó que fueran precintados ante la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, para adjudicarlos posteriormente al objeto de dinamizar la zona.

Más de medio año después de la toma de posesión, sigue sin funcionar un invernadero con los últimos adelantos, unos locales comerciales en el Parque de las Mil Palmeras, un Museo del Agua en el que se han invertido millones de euros, un edificio al que llaman 14-30, en el que se compran todos los días la prensa escrita para el disfrute de unos funcionarios que está "para no se sabe que" y que además, mantiene un contrato de vigilancia con un presupuesto imposible, al que se le niega el uso a los vecinos aunque en el Plan Urban de Jinámar lo justificó como equipamiento social para sede de una asociación de vecinos. Así un largo etc.

Más que seguir con reproches al concejal del distrito, al que jocosamente algunos vecinos llaman "el concejal verbenero", lo realmente importante es que el Gobierno de Canarias tome cartas en el asunto volviendo a colocar a un gerente que optimice los recursos existentes y coordine con las diferentes administraciones las soluciones a una población, que no hace mucho fue objeto de un triste reportaje y que no endereza el rumbo por la "ligereza" del gobierno municipal de Telde al colocar al frente de tan populoso barrio a un concejal sin capacidad para tan importante cometido.

Germán Ramos Ramos
Les confieso que utilizar la religión católica como excusa para lanzar un mensaje gratificador, entusiasta y cariñoso, es por mi parte un pecado, pues no soy de los ejemplos a seguir por el credo, ni siquiera cumplo a medias los deberes de un buen cristiano, pero seguramente seré menos pecador que los dirigentes de los grandes centros comerciales que llenan sus escaparates de luces y demás parafernalia para celebrar "que hacen caja" (digo yo).

Como esta es la fecha en la que se nos enternece el alma, nos sentimos más solidarios y tenemos más sensibilidad, el deseo de felicidad viene bien, es más, es necesario. Lo de la crisis parece que nos tiene tocados del ala, cabizbajos y deprimidos, pero tenemos que pensar que valemos más de lo que parece. Sin ir más lejos, los científicos han descubierto que para componer un cerebro como el que tenemos los humanos necesitarían el perímetro de todo Nueva York por cada uno de nosotros... ¡de cada una-o!, es decir: ¿Cuántos mundos harían falta para componer los cerebros de todos nosotros?... el universo se les haría chico. Eso sí, es importancia, es natural e individual.

Trasladando esta primera reflexión al mundo económico, podemos fácilmente concluir que cada uno de nuestros cerebros costaría el precio de la gran manzana. Un precio imposible de tasar por su alto valor. ¿Cuánto cuesta "la gran manzana"?. A esto habría que añadir todos los órganos, los miembros (pies, manos y algo más). Si seguimos en la línea argumental, concluiremos que con un par de células de nuestro cuerpo, arreglamos la puta crisis mundial en un santiamén. Estoy convencido de que si seguimos creyendo en nosotros como especie humana, si entendemos que la solidaridad es una necesidad más que una moda, si tenemos claro que en el tiempo que nos toque compartir vida terrestre tendremos que ayudar al planeta que nos acoge a seguir navegando en el espacio con armonía y alegría en esta galaxia… ¡Vamos a conseguirlo!: Seremos seres alegres contentos y en consecuencia felices.

El propósito es ese y con deberes tan sencillos aprobaremos el trimestre, el curso y hasta la carrera y después con nuestra carta de presentación, una buena sonrisa, conquistaremos el corazón de nuestros semejantes. Los deberes son así de fáciles... lo demás ya vendrá solo

"Regasificadoras de gas natural licuado en Canarias"



Regasificadoras de gas natural licuado en Canarias, ésta es la palabra correcta que se debe emplear para definir "la planta de gas" que Cardona refrescó de su letargo ofreciendo la Isleta de la isla Tamarán para la instalación y puesta en marcha de una fuente de energía definida como "limpia"...y ¡transparente, no jodas!. Los que no quieran seguir leyendo y crean que lo que digo es verdad, pueden ahorrarse la lectura donde los datos, no solo machacan al calvo Cardona, sino que nos avisa de los peligros que supone que se instale en Canarias unos cacharros que se encargue de volar por los aires, un perímetro de más de 20 Km...¡tiene palabritas el titular de esta colaboración! (por cierto, distanciada en el tiempo... les estaba empezando a echar de menos).

Para que en mi reencuentro tenga alguna cosa nueva que contarles, bien estaría argumentar esta entradilla con algunos datos que circulan en la red y que gozan de toda la fiabilidad, de manera que si algún personaje del sector "come-cocos energético" nos quiere embaucar después de comprar las voluntades de nuestros políticos, deben saber que "sabe". El gas natural licuado, es el explosivo más potente que se conoce. Los argumentos esgrimidos por mi amigo Manuel Fernández, en una de sus colaboraciones a mi Blog eltaparabocanario.com con datos técnicos sobre el particular, son sencillamente alucinantes, algo parecido a la guerra de las galaxias pero en versión de probabilidad real y cierta.

Quiero extraer alguna parte de ese trabajo, porque en estos momentos al respetable, es decir a ustedes amigos lectores, les viene bien refrescar aquellas conclusiones: No hay que irse a ningún país extranjero para ejecutar una obra como esta, pues en la Bahía de Algeciras, se han llevado a cabo en 2007 los últimos trabajos de la obra civil de una gran estructura básica de gravedad (GBS- Gravity Based Structure) de más de 280.000 toneladas de peso, 180 m. de largo, 88 m. de ancho y 47 m. de altura hasta la coronación de la estructura de hormigón, y 80 m. de altura hasta las estructuras de los “Top Sides” o módulos industriales, sin incluir la antorcha o torre de venteo, que una vez dotada de sus instalaciones de regasificación de alojamiento del personal de operaciones y de mantenimiento, de accesos, etc, debe ser remolcada, lastrada y fondeada frente a las costas de Venecia.

La terminal de regasificación dispondrá de una capacidad para 250.000 m3 de gas natural licuado (LNG), con una potencia de procesamiento y suministro de más de 1.1 millones de m3/h. Esta obra, fue diseñada por la firma noruega Ker Kvaerner Contracting A.S y construída por Acciona Infraestructuras, en el Recinto Portuario Crinavis, en la localidad de Campamento-San Roque (Cádiz). La inversión que representa esta obra, es claramente inferior a la de tener que construir un superpuerto para alojar en tierra los depósitos de gas licuado, la regasificadora, depósitos del gas una vez regasificado e instalaciones auxiliares, además de carecer de impacto medioambiental y sobre todo, de peligro para la población.

Entre la documentación que ha caído en mis manos para preparar este comentario, se encuentra la trascripción de una entrevista en la COPE a Roberto Centeno, catedrático de economía de la Escuela de Minas y ex miembro del Consejo Nacional de Energía, un señor que desde posiciones políticas de derechas, tiene una visión rotunda sobre el riesgo que una planta de gas representa para la población. Debido a la contundencia, esclarecedoras y extremadamente preocupantes informaciones vertidas en la misma, una patrullera y un helicóptero de la Guardia Costera norteamericana, obligaron a alejarse de la costa a un gran transporte de gas líquido que se dirigía, según supe después, a la terminal de Leysar (Louisiana), y que se había acercado demasiado, tal vez para ganar tiempo, al área de Keywest en la puerta sur de la Florida. Y es que estos buques, por el tremendo peligro que conllevan, pues son auténticas bombas flotantes, tienen prohibido acercarse a la costa a menos de 20 millas, y los terminales donde descargan se encuentran todos muy alejados de zonas habitadas.

Y el tema no es para menos; el gas natural licuado es el explosivo más potente que se conoce, exceptuando las armas nucleares, y un gran metanero que transporta entre 100 y 200 mil metros cúbicos de gas licuado, en caso de accidente o atentado terrorista, desencadenaría un radio de destrucción equivalente al de 20 o 30 bombas nucleares similares a las de Hiroshima, de ahí que el Quaswar, actúe con absoluta contundencia ante la más mínima vulneración de las normas. Y es debido precisamente a su alto poder destructivo, que los metaneros figuren en segundo lugar en la lista de objetivos prioritarios de Al Qaeda, después de las plantas separadoras de gas de los campos saudíes, cuya destrucción llevaría el crudo a más de 500 dólares. Pues estas precauciones elementales de un Estado responsable, no existen en España, somos el único país del mundo donde los metaneros se acercan sin limitaciones a zonas densamente pobladas, como es el caso de Barcelona, donde si ocurre un accidente, un atentado, las tres cuartas partes de la ciudad quedarían arrasadas en cuestión de segundos, porque la deflagración del gas líquido es tres veces más rápida que un artefacto nuclear. Como señalaba recientemente el Instituto de Análisis de Seguridad Global en Washington, si alguien ubica una terminal de gas en un área urbana, la convierte en un objetivo terrorista de primera clase.

Pues bien, la situación es muy clara, terminales de gas y metaneros constituyen un peligro letal para las zonas circundantes en un radio de, al menos, 15 Km. La responsabilidad en la que han incurrido y están incurriendo los políticos y los empresarios que han permitido esta auténtica locura es ilimitada, porque en caso de accidente o atentado, estamos hablando de un millón de muertos, y mientras tanto el peligro se ha incrementado exponencialmente por número, por volumen y por peligro real, tanto que en el caso de Barcelona, que es el más grave, el terminal de almacenamiento equivale a tener un depósito de cabezas termonucleares al aire libre, sin protección especial en el puerto franco, a poca distancia del centro de la ciudad. Con los argumentos sobre la pantalla y el teclado, espero que se acabe la fiebre de la ignorancia para personajes que debieran tener la información suficiente como para no poner en riesgo a la población en general

Algo falla en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en sus resortes para sancionar a jueces y magistrados cuando cometen errores. Al menos eso es lo que piensan el Gobierno, el PSOE, el PP y la inmensa mayoría de la opinión pública. Una coincidencia fruto de la decisión del pasado miércoles de la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces de sancionar sólo con una multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado, titular del juzgado sevillano que se olvidó de ejecutar la orden de prisión de Santiago del Valle, el pederasta luego detenido como presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

Una coincidencia que se vio reforzada cuando ese mismo miércoles se conocía que esa misma Comisión Disciplinaria y los mismos cinco magistrados que habían decidido la polémica sanción al juez Tirado impusieron una multa de 7.500 euros a otro magistrado, en esta ocasión de Talavera de la Reina (Toledo), por abuso de autoridad y por multar injustificadamente al secretario judicial y a los funcionarios que le denunciaron por falta de higiene. Una multa cinco veces mayor que la de Tirado pese a que en su expediente no aparecía como trágica consecuencia la muerte de una niña.

“Entiendo que la sociedad perciba como insignificante la sanción al juez Tirado, que piense que se ha sido indulgente con él, pero no es así. La Comisión Disciplinaria sólo tuvo en cuenta, porque así debe ser, la negligencia cometida, no las desgraciadas consecuencias que tuvo”. Quien habla así es Enrique López, vocal portavoz del CGPJ saliente y miembro destacado del sector conservador del mismo. Enrique López insiste en que los jueces deben “abstraerse de la opinión pública” cuando toman sus decisiones y que la sanción al juez del caso Mari Luz “es entendida y apoyada por la práctica totalidad de la carrera judicial, gran parte de la Fiscal y numerosos juristas”.

¿Son blandas las leyes con los errores de los jueces? El portavoz del CGPJ lo niega e insiste que en comparación con países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Alemania, en España se sanciona porcentalmente más a los jueces. Incluso asegura que otros colectivos de funcionarios de nuestro país también salen mejor parados que ellos.

Más de mil denuncias

Sin embargo, las cifras recogidas en las Memorias que cada año publica el órgano de gobierno de los jueces parecen esforzarse en decir lo contrario: de las más de mil denuncias contra jueces y magistrados que llegan por término medio cada año al CGPJ, finalmente sólo acaban en sanción una veintena de ellas, algunos de ellas con simples advertencias o con multas de unos pocos centenares de euros. Basta echar un vistazo a los datos de cualquier de los años para constatar esta abismal diferencias entre denuncias y sanciones, entre los errores y sus castigos.

Año 2005. 1.317 informaciones previas tramitadas. De ellas, salieron 189 diligencias informativas, que se redujeron a 45 expedientes incoados. Finalmente, sólo 16 de ellos acabaron en sanción. La mayor, dieciocho meses de suspensión al magistrado Gordiano Casas, juez decano de Elche (Alicante), para el que el CGPJ consideró probado que intentó presionar a un compañero para que resolviera en un determinado sentido un proceso en el que se ventilaban cuestiones sobre inmuebles de gran valor económico, favoreciendo a su mujer, que actuaba de procuradora en el mismo. La sanción incluyó también multas por un total de 2.550 euros y su traslado forzoso. El resto de los jueces sancionados aquel año se repartieron suspensiones por un año, por diez meses, por ocho, por tres o multas que no superaron los 2.000 euros. Incluso una se resolvió con una simple advertencia. ¿Separados de la carrera judicial? Ninguno.

De hecho, de los 158 jueces y magistrados sancionados entre los años 2002 y 2007 –de una plantilla de más de 4.500–, sólo tres fueron apartados definitivamente de la carrera judicial. Uno, en 2004. Los otros dos, el pasado año. Uno de ellos fue la titular del Juzgado de los Penal número 1 de Motril (Granada), Adelina Entrena, quien olvidó ordenar la libertad de tres presos. Entre ellos estaba José Campoy, quien pasó 437 días en la cárcel pese haber sido declarado inocente.

Sin embargo, en ese mismo periodo los que recibieron simplemente advertencias o multas que no superaban los 300 euros ascendieron a más de 30. Sin olvidar que los magistrados sancionados –como ha anunciado ya el juez Tirado– tienen la posibilidad de recurrir ante sus compañeros del Tribunal Supremo, que en numerosas ocasiones terminan anulando las decisiones de sus colegas del CGPJ. Una facultad que, por ejemplo, no tiene el denunciante, aunque sí la Fiscalía.
Acusaciones de “amiguismo”

“Se sanciona poco, mal y siempre por amiguismo”. Quien lanza esta cruda crítica no es ni político ni se oculta bajo el anonimato de la opinión pública. Es Alfons López Tena, miembro también del saliente CGPJ. Este magistrado insiste con rotundidad que al juez Tirado le ha salvado “su pertenencia a una de las asociaciones de magistrados mayoritarias y el corporativismo que existe entre nosotros”. López Tena no ahorra en críticas a una forma de sancionar que “deja bien claro que hay una Justicia para los jueces y otra para el resto de los humanos”.

“Cómo, si no, se explica que a un médico que comete una negligencia se le condene con mayor o menor dureza en función de las consecuencias de las mismas, y con los jueces no se tengan en cuenta dichas consecuencias ni siquiera cuando ésta es la muerte de una niña pequeña”, asegura. López Tena cree, además, que la “benevolencia” de sanciones como la del juez Tirado “pierde el factor ejemplarizante”.

No es su única denuncia. Este vocal destaca también que el tiempo corre a favor de las magistrados y, además, mucho más deprisa que con otros colectivos. La caducidad de sus expedientes disciplinarios es de seis meses –como se encargó de fijar en febrero de 2006 con una sentencia el Tribunal Supremo– cuando la de los que abren a los secretarios y otros funcionarios de los juzgados es de un año. Consecuencia: muchos de los jueces amenazados de sanción dilatan los tiempos para forzar aquella y que sus errores queden impunes. Cinco de ellos, con faltas graves, ya lo han conseguido desde entonces.
Historias de magistrados

600 euros
por dar consejos religiosos en las sentencias

En noviembre de 2007, la Comisión Disciplinaria del CGPJ sancionó con 600 euros al magistrado de la Audiencia Provincial de Cantabria Esteban Campelo por incluir en sus sentencias expresiones “de todo punto innecesarias, improcedentes y extravagantes”. En concreto, recomendó a una pareja en trámites de divorcio que acudiese a la iglesia para reconciliarse: “Hay que partir, como premisa fundamental, de la existencia de Dios, que ha creado el hombre/mujer (,..) y también admitir la existencia del Maligno, que se rebeló contra Dios y se constituye en principal enemigo del hombre, al intentar romper ese lazo de amor”.

Un mes
de suspensión por desentenderse de un detenido

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó el 9 de octubre de 2002 suspender en sus funciones durante un mes al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios, por la comisión de una falta disciplinaria muy grave por desentenderse de un detenido, a quien la Policía había incautado 38 gramos de drogas y que en ese momento estaba hospitalizado por encontrarse inconsciente. El magistrado ordenó devolver el atestado a la Policía para que, una vez recuperado el detenido, «hiciese lo que estimara conveniente o, en su caso, lo presentaran al Juzgado que correspondiese».

Un año
por tener 255 causas pendientes de sentencia

El pasado 23 de enero, el titular del Juzgado de los Social de Teruel, José Luis Eduardo Morales, fue sancionado con un año de suspensión por acumular 255 casos pendientes de sentencia. El retraso provocó que cerca de un millar de empresarios y trabajadores de la provincia tuvieran que aguardar una resolución judicial dos años después de que se celebraran sus respectivas vistas orales.

Una multa
por un retraso que acabó en la muerte de una mujer

El 2 de julio de 2001 la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó imponer a la juez de Alcobendas (Madrid) María del Carmen Iglesias una multa de 200.000 pesetas por el retraso injustificado en la tramitación de varias denuncias de Mar Herrero contra su ex novio, quien finalmente la asesinó.

Siete meses
por presionar en favor del banquero Mario Conde

El 26 de marzo de 2003, el Pleno del CGPJ acordó suspender por siete meses en sus funciones a la juez de vigilancia penitenciaria número 2 de Madrid, María del Prado Torrecilla, denunciada por presionar a una compañera para que concediera el tercer grado penitenciario al ex banquero Mario Conde. El 12 de enero de 2005, el Tribunal Supremó confirmó la sanción. El instructor del expediente disciplinario había planteado la suspensión por tres años y el fiscal, la expulsión de la carrera judicial.

Doce meses
por aprovechar su cargo para no pagar una multa

El 10 de septiembre de 2003, el pleno del CGPJ decidió suspender de sus funciones por un año al juez de Primera Instancia e Instrucción de Cornellá (Barcelona) Carles Almeida Espallargas, quien quince meses antes había redactado un oficio del Juzgado con el fin de poder recuperar su vehículo, que había sido retirado por la grúa municipal, sin el pago de “tasa, coste o gasto”, expresión que añadió a dicho oficio.

Sin sanción
por una resolución que permitió a un narco fugarse

En julio de 2002, el Pleno del CGPJ decidió, por once votos contra nueve, suspender por siete meses al magistrado de la Audiencia Nacional Carlos Cezón, y por seis meses a otros dos jueces de este tribunal, Juan José López Ortega y Carlos Ollero. El Pleno consideró como falta muy grave que los tres dictaran la resolución para ex carcelar al supuesto narcotraficante Carlos Ruíz, ‘El Negro’, que aprovechó para fugarse. Los tres magistrados recurrieron al Tribunal Supremo, que en noviembre de 2004 anuló las sanciones al considerar que el CGPJ se había excedido en su labor disciplinaria y se habían inmiscuído en decisiones jurisdiccionales de los magistrados .

1.000 euros
por hablar de la ‘braga amarilla’ de una testigo

La Comisión Disciplinaria acordó sancionar con una multa de 1.000 euros a la titular del Juzgado de los Penal Número 1 de Huelva, María José Moreno, por el empleo en una resolución judicial de expresiones ofensivas. La juez dictó una sentencia en la que incluyó referencias a la “braga amarilla” de una mujer que declaró como testigo en un juicio contra su ex novio, al que ella había denunciado por darle una bofetada. También destacaba su negativa a bajarse la camiseta que vestía “y a cubrirse la entrepierna con el bolso”.

Suspendido
por el error que puso a un etarra en libertad

En septiembre de 2004, el Pleno del CGPJ suspendió por un año al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco por por dos faltas disciplinarias muy graves, una de ellas de desatención, que permitió la excarcelación del presunto etarra Ibai Ayensa; y otra de retraso injustificado, por haber tardado un año y diez meses en procesar a los miembros del ‘comando Urbasa’ de ETA.

600 euros
para el juez de las sentencias homófobas

El 4 de marzo de 2008, el CGPJ impuso una multa de 600 euros al juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita –que se encuentra suspendido de sus funciones– por usar expresiones extravagantes en un auto en el que denegaba la custodia de dos hijas a una madre por su condición de lesbiana: “Es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores, y el que aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos también lo sean”. La Comisión Disciplinaria decidió aplazar su decisión sobre otras dos propuestas de sanción hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia termine de instruir la querella presentada por la pareja de lesbianas.

1.000 euros
por citar a un vecino para darle “de hostias”

En mayo de 2005, el CGPJ sancionó al juez de Paz de la localidad cacereña de Salvatierra de Santiago, Jonás Martín, con una multa de mil euros por incurrir en una falta grave por «abuso de autoridad». Consideró probado que el juez citó a un vecino en el juzgado para “darle de hostias”

Dos multas
de 50.000 pesetas por expresiones “difamatorias”

En noviembre de 1992 se sancionó con dos multas de 50.000 pesetas, por sendas faltas disciplinarias graves, al juez de lo Penal de Alcalá de Henares (Madrid) Miguel González Calderón por considerar que se excedió al incluir expresiones que contenían juicios personales “difamatorios, despectivos” en la sentencia en la que absolvió a un ATS que besó los pechos de una paciente de 60. “No debe sentirse ofendida por esto; más bien es timbre de honor y orgullo”, escribió en el fallo.

Seis meses
por desatender su juzgado en sábado

El juez de instrucción de Martos (Jaén), Juan Antonio Chamorro, fue sancionado a seis meses de suspensión por una falta de desatención al no haber recibido porque era sábado, pese a que estaba de guardia, a un detenido al que sólo debía retirar el carné de conducir y cobrar una multa. Éste permaneció en comisaría privado irregularmente de libertad durante cuarenta y ocho horas.

Por ahora hay para entretenerse...¡siga el baile!

Germán Ramos Ramos
Será la única manera efectiva, de saber cuanta gente vive en Canarias. La falta de rigor de los servicios de control, nos trae cada semana un susto que nos solivianta. Eso es lo que se hace público, estoy seguro que lo que no conocemos (según se desprende de los datos publicados), tiene que ser escalofriante. Dicen las estadísticas, que andamos ya por los 2.118.519 habitantes, y eso es mucha tela para un archipiélago tan pequeño. El número frío no solo es preocupante, también y en mayor medida lo es, saber cuántos quedan sin censar, en qué condición está aquí y que hacen.

Hace mucho tiempo que empecé a desconfiar de los "técnicos". Es en ese sector donde descargan los políticos todas las dudas y preguntas, con la socorrida frase "según dicen los técnicos"... y claro, no son éstos los que dan la cara, digamos que son interpretados por los políticos que los utilizan según conveniencia. Casi siempre nos tenemos que enterar por otras vías de comunicación de la gente que por aquí recala, que entran oficialmente por nuestros puertos y aeropuertos, se instalan y algunos se dedican trabajos tan "edificantes" como blanquear dinero, organizar atentados o vender droga, eso sí, con el apoyo en algún caso de bufetes locales de abogados, economistas, etc. Por otro lado está el grupo de extranjeros que se empadronan en Canarias para aprovechar las ventajas de residente... descuentos en los billetes de avión, mayor cobertura médica, ayudas sociales, etc.

En una ocasión y con motivo de la retención de uno de los colaboradores de un programa que dirigía, "Tardes Canarias", tuvimos un pequeño rifirrafe con la policía de fronteras, y cuando la cosa se les puso peluda, me tuvieron que confesar que al mismo delincuente (en aquel caso por menudeo de drogas), lo habían detenido hasta tres veces. Pesaba sobre el elemento dos órdenes de expulsión que no se hacían efectivas por falta de medios..."¿Qué vamos a hacer Germán?, si lo llevamos ante el juez, éste lo manda para Barranco Seco (centro de retención de inmigrantes ilegales), le envía una orden de expulsión y lo sueltan. El tío no hace caso a la orden de expulsión, con lo cual, otra vez a detenerlo, otra vez ante el juez, otra vez a la calle con otra orden de expulsión que incumple y así suma y sigue". El otro día leí que había extranjeros con la orden de expulsión desde hacía años y no se hacía efectiva por falta de medios, y así un rosario de irregularidades cuasi infinito.

Después de dejar sentado que el control de fronteras es un desastre y que algunos elementos (como las plagas), han venido para quedarse, bueno sería pasar lista, conocer realmente quienes son, que hacen aquí y para qué les necesitamos. Puede que conociendo nuestra propia realidad sin tapujos ni recursos literarios apoyados en "los técnicos" (esos que te miran con altanería y suficiencia, como si la cosa no fuera con ellos), sepamos a que atenernos, podamos elaborar una estrategia creíble para salir de la crisis desde el conocimiento real de la situación, y sobre todo dormir tranquilos. Lo más práctico para saber quiénes y cuántos somos es, repito, pasar lista. Estoy convencido que nos llevaríamos una desagradable sorpresa.